Escribe Álex Alejandro Vargas
El Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU 2025) vuelve a mostrarnos una realidad incómoda: la infraestructura cultural en el Perú sigue siendo un territorio casi desierto. Solo el 6% de municipalidades cuenta con al menos un museo. Apenas el 7% dispone de una Casa de la Cultura. Las bibliotecas alcanzan el 28%, y los teatros sobreviven en un escaso 4%.
Detrás de estos porcentajes no hay solo cifras: hay ausencia de espacios. Y sin espacios no existe acceso. Podemos hablar de bienes y servicios culturales —libros, obras, exposiciones, talleres—, pero si no existen teatros, casas de la cultura o bibliotecas, esos bienes quedan suspendidos en el discurso. La cultura no flota por sí sola; requiere infraestructura, gestión y reglas claras.
La cuestión, entonces, no es si queremos más cultura. ¿Qué tipo de espacio se viene gestionando desde el ámbito público?
El camino no es desconocido. En otros sectores ya se ha recorrido. El 94% de municipalidades cuenta con una Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED). El 74% dispone de un Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM). Allí el Estado logró consolidar sistemas funcionales que organizan, supervisan, sancionan y exigen cumplimiento. Si bien, estos ejemplos corresponden a personas en situación de vulnerabilidad, vale mucho ver el modelo de gestión de espacios donde los ciudadanos sientan sus beneficios a nivel personal y como comunidad. No es voluntarismo: es estructura.

Si replicáramos ese modelo con decisión, podríamos plantearnos una meta concreta: que en diez años, al menos el 80% de municipalidades cuente con teatros, bibliotecas, casas de la cultura o museos para la promoción de bienes y servicios culturales. La experiencia en discapacidad ofrece una referencia clara. La Ley General de la Persona con Discapacidad fue promulgada en 2012, precedida por la norma de 1999. El avance no fue espontáneo; fue el resultado de un marco legal sólido, fiscalización efectiva y presupuesto asignado. Cuando hay sistemas funcionales sólidos, hay resultados.
En cultura, en cambio, los porcentajes no alcanzan ni el 7% en infraestructura y espacios culturales. La diferencia no es casual. Es estructural. Allí donde existen sistemas funcionales con capacidad de fiscalización, presupuesto definido y responsabilidades claras, los servicios se implementan y se genera valor público. Donde no, todo queda sujeto a la voluntad política circunstancial.
Existen ejemplos aún más ilustrativos. En los comedores populares, la gestión no depende de una sola autoridad. Funciona un comité con representación de la municipalidad, del sector salud y de las madres organizadas. Ese comité define qué se compra, cuándo y bajo qué criterios, siguiendo lineamientos y reglas del ente rector. El acta que suscriben es vinculante para el inicio de los procesos administrativos de compras y/o adquisiciones. Ni el alcalde ni un funcionario pueden alterarla arbitrariamente. Eso es institucionalidad: reglas que trascienden personas y una participación social que moviliza a gran parte de la comunidad.
Imaginemos un esquema similar para proyectos de teatro, museos o bibliotecas: comités territoriales con representación efectiva, lineamientos técnicos nacionales, actas vinculantes, presupuestos asignados y supervisión real. No depender de la sensibilidad cultural del alcalde o funcionario de turno, sino de normas que garanticen continuidad.

Los sectores que funcionan lo hacen porque cuentan con sistemas nacionales robustos. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el OEFA son ejemplos claros: normas, fiscalización y sanción. La cultura necesita un andamiaje equivalente. No entusiasmo episódico, sino arquitectura institucional.
Hoy existen Direcciones Desconcentradas de Cultura en todos los departamentos. Sin embargo, corresponde preguntarse si este modelo está resolviendo los problemas estructurales del sector. ¿Cuentan con presupuesto suficiente y capacidad real de gestión territorial? ¿O hemos confundido desconcentración administrativa con verdadera descentralización?
Desconcentrar sin recursos ni autonomía equivale a trasladar la carencia de Lima a las regiones. Una descentralización efectiva exige competencias claras, financiamiento adecuado y responsabilidad compartida dentro de un sistema funcional sólido y con capacidad sancionadora.
El debate sobre la continuidad o reforma del modelo de gestión del Ministerio de Cultura no puede postergarse por temor a la burocracia ni por los plazos políticos de corto alcance. Tampoco debe quedar restringido al Ejecutivo o al Legislativo. El sector cultural —gestores, artistas, académicos— tiene la responsabilidad de evaluar, discutir y proponer con sustento técnico.

No se trata de esperar autoridades iluminadas que valoren la cultura (recuerden que tuvimos una Ministra de Cultura que fue odontóloga). Se trata de construir sistemas que la hagan inevitable. Si algo evidencian los datos del RENAMU 2025 es que la cultura en el Perú no requiere más discursos: requiere institucionalidad. Porque donde existen reglas claras y fiscalización efectiva, los servicios se consolidan. Donde no, todo se reduce a buena voluntad.
Y la buena voluntad, sin sistemas funcionales adecuados, no construye teatros, museos ni bibliotecas, y en consecuencia, la población peruana no tendrá acceso a la cultura en un país que tiene una de las mayores riquezas culturales del mundo, y nuestra industria cultural, no tendrá los espacios que requiere para su adecuado desarrollo.
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Alex Alejandro Vargas, comunicador y gestor cultural. Licenciado en Comunicación Social, con estudios de posgrado en Gerencia social, Comunicación para el Desarrollo y Diseño de programas sociales. Ocupó diversos cargos, entre los que destacan: Jefe del programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima donde gestó el bibliometro de Lima, Gerente de la Gerencia de Desarrollo humano de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho donde impulsó su 1ra feria de libros, Director de la Dirección de políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú donde dirigió el Sistema Nacional de Bibliotecas, presidente en representación de la BNP del programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas IBERBIBLIOTECAS de CERLALC. Fundó el Establecimiento Cultural Ciudad Librera. Es consultor de diversos proyectos educativos y culturales. Actualmente es Subgerente de la Subgerencia Deporte, Recreación y Cultura en SERPAR (Municipalidad de Lima). Autor del libro El oficio de gestionar.
