Escribe Álex Alejandro Vargas
En el Estado peruano, el orden institucional rara vez responde a la genialidad de los funcionarios o a una súbita iluminación política. En la mayoría de los casos, los distintos niveles de gobierno funcionan porque existen sistemas administrativos y funcionales que establecen reglas claras del juego. Desde una mirada técnica, estos sistemas permiten un mínimo de eficiencia en la implementación de las políticas públicas. Su cumplimiento no solo es obligatorio, sino que se convierte en el principal escudo de los funcionarios frente a los procesos de control y fiscalización. Allí, precisamente, es donde el Estado se toma en serio a sí mismo.
Hoy, el Perú cuenta con 32 sistemas funcionales y 11 sistemas administrativos. Algunos son sólidos, otros apenas decorativos. La diferencia no está en el discurso, sino en tres elementos básicos: obligación, presupuesto y sanción. Donde estos existen, el sistema opera. Donde no, la política pública se diluye.
El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis), conducido por el Conadis, es un ejemplo elocuente. Su marco legal obliga a los gobiernos locales a destinar el 1 % de su presupuesto a proyectos y obras orientadas a personas con discapacidad. Usar esos recursos para otro fin constituye malversación de fondos. No hay margen para la improvisación ni para la creatividad administrativa: el sistema funciona porque nadie quiere enfrentar a la Contraloría ni al Ministerio Público.
En el sector cultura, la situación es diametralmente opuesta. Los sistemas funcionales vinculados a la cultura —el Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Museos del Estado y el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Biblioteca Nacional del Perú— cuentan con normas, planes y buenas intenciones, pero carecen de lo esencial: no imponen asignaciones presupuestales obligatorias ni establecen sanciones claras por su incumplimiento. Son sistemas que existen en el papel, pero no ordenan la acción pública.
Esta debilidad tiene consecuencias concretas. Los gobiernos locales no están obligados a crear unidades funcionales de cultura, ni a asignar recursos mínimos para bibliotecas, archivos o museos. El resultado es previsible: áreas inexistentes, personal precario contratado como locador de servicios y proyectos culturales que dependen exclusivamente del entusiasmo —o del humor— del alcalde de turno.
El Sistema Nacional de Bibliotecas, por ejemplo, podría exigir la creación de una unidad funcional responsable de la gestión bibliotecaria y la asignación de un porcentaje mínimo del presupuesto municipal. Esto permitiría contar con personal estable y recursos garantizados. No se trata de inventar nada nuevo, sino de aplicar en cultura la misma lógica que el Estado ya utiliza en otros sectores.
Sin embargo, la cultura sigue atrapada en una narrativa peligrosa: la de la excepcionalidad. Celebramos cuando el Ministerio de Cultura organiza festivales o eventos culturales desde Lima en distintas regiones del país. Son esfuerzos valiosos, pero insuficientes. La política cultural no puede reducirse a eventos itinerantes ni a intervenciones puntuales. La cultura no es una visita, es un derecho.
La verdadera desconcentración de la política cultural no se logrará con festivales ocasionales, sino con sistemas funcionales fuertes, capaces de obligar, asignar recursos y sancionar. Sin esos pilares, la cultura seguirá dependiendo de la buena voluntad política y del sacrificio de gestores culturales que hacen milagros sin presupuesto ni personal. La épica conmueve, pero no reemplaza a la institucionalidad.
Es momento de que los gestores culturales asuman que también les corresponde hacer política: exigir sistemas funcionales con fuerza normativa, presupuesto obligatorio y mecanismos de control. Dejar de mendigar voluntades y empezar a disputar reglas. Solo así la cultura dejará de ser un adorno del Estado y podrá convertirse, por fin, en una política pública con continuidad, calidad y alcance territorial.
